La Resolución N° 0006 – 2009 Desde La Perspectiva Del Derecho Procesal Venezolano Y Emmarcada En Los Principios Y Garantías Constitucionales

Por: Abg. Guillermo Brito.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 consagra, en su Artículo 136, la organización del Poder Público Nacional; dividiéndolo en cinco (5) ramas: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.  Cada una posee sus funciones propias. Aunque los órganos a los cuales les concierne su ejercicio se interrelacionan; y trabajan conjuntamente en aras de garantizar los fines del Estado.

Por ende, en función del objetivo de la presente disertación, es necesario mencionar, a groso modo, que la función principal del poder legislativo consiste en legislar y establecer normativas legales; la del poder ejecutivo radica en la ejecución de las mismas; mientras que la del poder judicial es la de controlar y velar por el cumplimiento de las leyes.

Así, en un Estado democrático como Venezuela, cada una de las ramas del Poder Público Nacional tiene sus funciones propias. La usurpación por parte de un órgano, de las funciones  de otro, es inconstitucional; e implica la nulidad de los actos ejecutados.

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